La obesidad afecta actualmente al 16,6% de la población adulta y al 23% de la infantil. Para combatir este problema y reducir estos porcentajes, por primera vez una comunidad autónoma, en concreto Andalucía, regula con el máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en general, dedicando especial atención a la infancia como colectivo prioritario, además de las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población socialmente más desfavorecidos.
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado hoy este proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en Andalucía.
La futura ley establecerá el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable.
Medidas de la ley contra la obesidad
Para hacer efectivo este derecho, se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos encantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares; y habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 empleados.
Una medida clave de la futura norma andaluza será la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, promoviendo la dotación de fuentes en estos espacios. Además, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua gratuita en aquellos centros docentes en los que se permite su instalación y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros de los mismos.
Agua gratuita en bares y restaurantes
En la misma línea, los bares y restaurantes deberán ofrecer a los clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.
El proyecto sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad. En su elaboración han participado alrededor de 250 personas de diferentes colectivos, entre los que destacan asociaciones de pacientes, consumidores y padres y madres de centros educativos; miembros de sociedades científicas y colegios profesionales; medios de comunicación, y empresarios de los sectores afectados.
Transtornos de la conducta alimentaria
Para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada, así como al pleno respeto a su dignidad personal y a la no discriminación social, laboral o sanitaria por razón de su problema de salud. Entre otras medidas, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.
El texto también prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas de garantía de derechos que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, de los entornos que favorecen el ejercicio y de los espacios para facilitar la lactancia materna.
Cartas de compromiso
Por otro lado, la futura ley regulará la elaboración de 'cartas de compromiso' y el establecimiento de un distintivo oficial para las entidades públicas y privadas que promueven los hábitos de vida saludables.
En materia educativa, los centros docentes tendrán que establecer, en un plazo de dos años, un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. De igual modo, se fomentarán los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen ejercicio.
La norma también elevará a rango legal las medidas que actualmente desarrolla la Junta para garantizar los menús saludables en los comedores escolares, con utilización de productos locales y regionales y de temporada basados en la dieta mediterránea. Se prevén igualmente iniciativas para la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en huertos escolares, con prioridad para las zonas con necesidades de transformación social.
Los planes de formación del profesorado incluirán materias de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada y actividad física, mientras que en las universidades andaluzas se facilitará la configuración de ofertas docentes que aborden los problemas de la nutrición, la dieta mediterránea y el ejercicio orientado a la prevención del sobrepeso y la obesidad.
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